¿Reforma Tributario? - Miguel Mur

MIGUEL MUR - Presidente de la Comisión Tributaria de la SN

El Gobierno pierde la oportunidad de encauzar una verdadera reforma tributaria. En su último paquete se vuelve a concentrar en la empresa formal, ya sea para crearle nuevas sanciones, imputar responsabilidad a sus administradores o encarecerles el proceso de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

El Gobierno no percibe que el problema en la recaudación no se lo generan los primeros 100 contribuyentes, sino los cientos de miles de personas y entidades que operan impunemente en la informalidad, sin sufrir por ello la acción persecutoria del Estado. 

Por eso llama poderosamente la atención que en esta reforma no se advierta un dispositivo encaminado a reducir la informalidad, o destinado a combatir la evasión, verdaderos cánceres de nuestra economía y origen de nuestra pobreza.

Da la impresión que la agenda tributaria del país está gobernada por el desmedido interés de ser parte de la OCDE, donde se le exige al país un alto y costoso estándar normativo que en muchos aspectos no responde a nuestra realidad. 

Parece que estamos tan interesados por crear un régimen tributario del Primer Mundo, que olvidamos que el 70% de nuestra economía vive y trabaja en el tercero. 

Por eso se suscitan en el Perú situaciones inusitadas.

Se aumenta, por ejemplo, el Impuesto Selectivo para reducir el consumo de licores, y el consumo de este producto aumenta en el mercado clandestino, donde la salud pública se encuentra más expuesta. 

Las recomendaciones ya han sido formuladas varias veces: 

1. Concentrarse en el diseño de un régimen legal que encarezca gravemente el estatus del informal. 

2. Aumentar el riesgo de que el informal sea detectado, lo cual implica un reforzamiento de la capacidad operativa de la Administración. 

3. Premiar al informal que se formaliza. 

Mientras sigamos agobiando al formal con innecesarios requerimientos, obligaciones, declaraciones y reportes, y mantengamos al informal fuera del alcance de la Administración, solo lograremos que el contribuyente formal trate a futuro de operar como informal. 

El reciente comentario de un reconocido abogado, reproducido en las páginas de este diario, da cuenta exacta de lo que tratamos de transmitir. Este abogado dice que la Administración está cuestionando algunas de las condiciones bajo las cuales los contribuyentes se acogieron al beneficio de la repatriación. Es decir, a pesar que solo un 17% optó por declarar y repatriar sus rentas, este 17% está siendo duramente fiscalizado por la Administración, sin que se haya escuchado nada hasta el momento sobre qué acciones ha emprendido la Sunat contra el otro 83%. ¿No pensará acaso este 17% que hubiese sido mejor no declarar? ¿Aceptará en el futuro las nuevas invitaciones del Estado? 

Otra situación reproduce lo mismo. En la reciente reforma se aprueba la entrada en vigencia de la cláusula antielusiva, y se crea para ello un comité inquisitivo especial en la Sunat, encargada de evaluar estos casos. Si en opinión de este comité, el ahorro tributario obtenido por las empresas proviene de una supuesta estructura elusiva, entonces se presume la actuación dolosa de los representantes de las empresas. Si esto en verdad es así, ¿por qué entonces la ley no presume lo mismo para el evasor? ¿No se trata acaso de una conducta más grave? ¿Y por qué no se presume lo mismo para el funcionario público cuando se suscitan irregularidades en la Administración? Se argumentará, con justa razón, que la inocencia y la buena fe se presumen, y que corresponde al Estado probar lo contrario. Si es así, no existe razón para que nuestros gerentes y directores sean medidos con una vara diferente.  

Fuente: Diario Gestión (01/10/2018)